Perú: El costo oculto de los conflictos sociales

Rómulo Mucho ExViceministro de Minas. Un estudio realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) nos dice que: "Analizando el tiempo de la puesta en marcha de los proyectos y considerando el efecto total de la inversión y la producción minera, se estima que en los últimos 7 años se habría perdido US$ 67.2 mil millones. La mayor parte del impacto se observa entre el año 2011 y el 2014. En este periodo se habría perdido US$ 62.5 mil millones de PBI.

En términos de crecimiento, entre el 2008 y el 2014, se habría perdido 16.7 p.p. de crecimiento del PBI, lo cual en promedio representa 2.2 p.p. de crecimiento anual. Sobre el empleo, en la fase de inversión entre el 2008 y 2014 se perdieron 534 mil empleos anuales. Por otro lado, la pobreza podría haberse reducido en 5.7p.p. adicionales entre el 2008 y el 2014."

Además de los datos de este importante estudio, existen costos aún no calculados como, por ejemplo, lo que le cuesta al Perú la baja productividad de un ciudadano promedio que

está en capacidad de trabajar en uno de los proyectos mineros actualmente paralizados y no lo puede hacer. Este peruano debe estar en estos momentos dedicándose a labores de subsistencia en las que no puede dar mayor valor agregado a su actividad. Esto le resta la posibilidad de dar un mejor nivel de vida a su familia, básicamente en términos de servicios de salud y educación de calidad. Esto a su vez priva a su familia de mejores oportunidades de vida y así, la vida continúa llevando a más peruanos a ocupaciones de bajos ingresos.

"Mientras el Estado  peruano no ponga en valor a la minería  ante la población, los más pobres seguirán siendo los que más  pierden".

Como se puede apreciar, el costo de los conflictos sociales en torno al sector minero es elevado. No solo por lo que pierden las empresas por concepto de utilidades y el Estado por concepto de impuestos. Es elevado porque priva de un futuro diferente a los más pobres, a aquellos que tienen como única oportunidad en su vida, el acceso a los servicios de salud y educación públicas de calidad.

Somos un país con brechas no solo en infraestructura, educación. También tenemos brechas sociales. La histórica deficiencia de los gobiernos, traducidas en un mal rol del Estado, corrupción incluida, ha formado brechas que se han transformado, en muchos casos, en abismos sociales. Abismos que nos impiden adoptar acuerdos en consenso. Abismos que hacen que miles de peruanos sean manipulados y se opongan al desarrollo de importantes proyectos mineros.

En el quinquenio pasado, todo ha caído dramáticamente, las inversiones mineras, los impuestos, el canon minero, la recaudación fiscal, las exportaciones, pero algo ha subido, la desconfianza, el déficit fiscal, el riesgo país, la inflación, a tal punto que las clasificadoras de riesgo pueden bajarnos el grado de inversión, así las cosas se complican. El Estado debe apostar de manera más decidida por los proyectos mineros actualmente paralizados. Todo parte de la generación de confianza por parte de la población en la minería moderna. Mientras el Estado peruano no ponga en valor a la minería ante la población, los más pobres seguirán siendo los que más pierden.

Fuente: Gestión