La conflictividad social, el impacto ambiental y el fin del superciclo de las materias primas se perfilan como los principales retos del Perú para consolidar su posición como potencia minera en la región.
La posibilidad de que Perú se convierta en una potencia minera tiene, en principio, dos dificultades: remontar la mengua sostenida de la inversión en el sector y enfrentar la presión de las organizaciones sociales que están en contra de la depredación de los recursos en manos de intereses foráneos sin condiciones justas de empleo.
El reciente triunfo de electoral de Pedro Pablo Kuczynski en los comicios presidenciales de Perú ha hecho que agencias como Bloomberg prevean que el nuevo Gobierno tendrá una política de apertura a los mercados internaciones interesados en explotar las minas de oro, cobre y otros minerales, refiere El Mostrador.
Actualmente, la mitad de las exportaciones de Perú provienen de la minería. Datos del boletín estadístico de abril de este año señalan que el sector creció 23,64% con respecto al mismo período del año pasado, "explicado por el dinamismo de la actividad minera metálica que aumentó 33,75%, sustentado por la mayor producción de cobre (73,70%) y por el incremento del oro, plata, molibdeno y plomo".
El avance de la minería contrasta con el retroceso de 13,56% en el subsector hidrocarburos, motivado principalmente por las bajas cotizaciones del crudo. Este comportamiento obliga al nuevo mandatario a acelerar las medidas de su Gobierno para que el país cierre con las previsiones de crecimiento de 4% para este año.
La recuperación de las cotizaciones de los minerales ha sido leve pero sostenida, por lo que la apuesta a esta industria repunta. Sin embargo, según explica una nota del diario 'El Día', las inversiones en el sector han caído ostensiblemente y se estima que, si la situación no mejora, se ubiquen en apenas mil millones de dólares en 2018 después de haber alcanzado una cifra récord de caso diez mil millones de dólares en 2013.
La cuestión del empleo
Aunque los mercados y las calificadoras de riesgo, como JP Morgan, reaccionaron positivamente a los resultados electorales en Perú, esa "alegría" debe verse con cautela por los factores que probablemente se opongan al proyecto de acentuar el modelo extractivista.
Se prevé que la principal oposición política al plan de convertir a Perú en una potencia minera provenga de la izquierda, del Frente Amplio. Verónika Mendoza, que quedó tercera en la carrera por la presidencia, insistió durante su campaña en que el país debía apostar por un cambio en el modelo económico priorizando las actividades productivas que generan más empleo, declaró el año pasado al portal Perú21.
Para Morales, Perú debe apostar más a la agricultura y no hacer de la minería el eje central de la economía. Las razones de esta postura, según su partido, es la vulnerabilidad del modelo extractivista por su dependencia del mercado internacional, que inciden directamente en el impacto de esa actividad en las exportaciones, el PIB y la recaudación fiscal.
Producción vs. precios
De acuerdo a un artículo publicado por el portal web de Corporación, si bien la minería experimentó un récord histórico de producción entre julio y octubre de 2015, que superó en 42,9% la de extracción de 2003, la disminución de los precios internacionales en el sector hizo que cayera el valor de las exportaciones en 9,8%, según cifras del año pasado.
"De manera que el récord de producción minera no alcanza a compensar la caída de los precios", añade el informe. La deprimida cotización de los minerales también augura una menor rentabilidad para las empresas en los próximos años y se ve reflejada en la mengua de la recaudación.
Al cierre del año pasado, el impuesto general de la renta (IGR) experimentó un retroceso de 12,8% con respecto a 2014 como consecuencia —en parte— de la reducción de pagos del sector minero, que cayó el último año hasta situarse en 6,7% después de haber aportado 50,9% de ese impuesto en 2010.
Pero no todo es negativo. En declaraciones a RT, el exviceministro de Gestión Ambiental de Perú, José de Echave, consideró que "si bien los precios han bajado y las inversiones también han caído de manera sostenida, América Latina sigue recibiendo 28% de las inversiones mundiales del sector".
La ventaja de Perú, considera De Echave, es que el país tiene "una de las producciones con más bajos costos, lo que está provocando mucho desarrollo en el área del cobre".
Conflicto social
Aunque se estima que la puesta en marcha de megaproyectos mineros en Perú como el de Las Bambas, la mina ubicada entre las provincias de Cotabambas y Grau, en el centro del país, permitirá la explotación de 1,08 millones de toneladas de concentrado de cobre y contribuirá a mantener la tendencia al alza de la producción del sector, su impacto real en la economía aún está por verse.
Más allá de que se recuperen los precios de los metales, el costo social y ambiental de esos proyectos sigue siendo un escollo. El año pasado, por ejemplo, las comunidades que habitan en las zonas aledañas a Las Bambas iniciaron protestas para exigir al Gobierno la paralización de las plantas de molibdeno y el almacén de concentrados por considerar que tendrían efectos negativos sobre su integridad y la de sus tierras, refiere El Comercio. Las movilizaciones dejaron un saldo de cuatro muertos y 23 heridos.
La resistencia de las comunidades no es en contra de los proyectos mineros en sí, sino de la 'flexibilización' de las condiciones para las transnacionales, que generan impactos ambientales graves. Asimismo, las organizaciones sindicales han exigido que los proyectos generen más oportunidades laborales, indica TeleSUR.
"La mitad de las comunidades indígenas están en zonas mineras, lo que hace suponer que mientras se amplíen los proyectos allí, los conflictos se vuelvan más violentos y más polarizantes", considera De Echave.
¿Cuánto pueden llegar a costar por semana a los grandes proyectos mineros?
[Omar Mariluz Laguna | Gestión]
Un estudio de The Centre for Social Responsibility in Mining y Harvard Kennedy School analizaron 50 casos en el mundo. En Perú los niveles no son muy diferentes.
El atractivo para desarrollar nuevos proyectos mineros ha perdido bastante brillo en los últimos años, ante la fuerte caída del precio de los metales, pero también por el surgimiento de conflictos socio ambientales que representan un sobre costo adicional para las empresas.
Un estudio realizado por The Centre for Social Responsibility in Mining (CSRM) y Harvard Kennedy School reveló que los conflictos sociales pueden llegar a representar un costo de US$ 20 millones a la semana para proyectos mineros de entre US$ 3,000 millones y US$ 5,000 millones.
El informe analiza 50 casos de conflictos en el mundo, y demuestra que los costos de estos fenómenos para las empresas del sector extractivo son significativos. Incluso, en Perú han logrado paralizar el millonario proyecto Conga de Buenaventura y Tía María de Southern Copper.
El director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), José Miguel Morales considera que para el caso peruano sí se podría hablar de sobrecostos de alrededor de US$ 20 millones por semana, pero para proyectos de envergadura en operación.
“Eso sí es un costo bárbaro tiene que pagar personal, consumos, tienes que producir, las minas que son subterráneas necesitan tener las bombas prendidas para sacar el agua, es todo un proceso”, detalló.
Pero en el caso de los proyectos, tipo Conga, es más difícil cuantificar los costos que ocasionan a las mineras, dado que aún no hay una operación. “En el caso de Conga se ha perdido US$ 1,500 millones en total, pero no se pierde más porque se paró y punto”.
Un análisis de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo entre enero del 2011 y diciembre de 2014 revela que 153 de un total de 539 controversias, es decir el 28.36%, guarda relación con el manejo de los recursos hídricos.
El estudio estadounidense detalla que los temas ambientales son comunes para precipitar el conflicto, seguidos por la contaminación y el acceso o competencia por los recursos ambientales.
Sin embargo, indica que uno de los problemas que más afectan la naturaleza y robustez de la relación entre las partes son las cuestiones socioeconómicas, en particular la distribución de los beneficios del proyecto, los cambios en la cultura y las costumbres locales, y la calidad de los procesos de participación y consulta, además de la comunicación de todo lo relacionado con la iniciativa.
El reto del empleo
Las protestas no son gratuitas. La inequidad y la pobreza en las zonas mineras tiene como principal causa el desempleo y las condiciones desfavorables para los trabajadores que se incorporan a esa actividad económica.
"La situación en las minas peruanas no es la mejor: 70% de los mineros no tiene relación directa con las empresas sino con intermediarios. Partimos entonces de una situación complicada y preocupante que vulnera varios convenios establecidos por Perú en la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", explica el exviceministro.
Por eso, la formalización del sector minero es uno de los retos que deberá enfrentar el nuevo Gobierno para disminuir la conflictividad social y avanzar hacia la consolidación de una actividad económica que, a la fecha, solo genera 1% de empleo, refiere De Echave.
La meta de que la nación suramericana logre posicionarse como una potencia minera dependerá de que resuelva su conflictividad interna, se produzca el milagro de la recuperación de los precios internacionales de los metales, luego del fin del superciclo de las materias primas; y los flujos de inversión para los proyectos en ese sector vuelvan a ser positivos.
Sin embargo, De Echave reitera: "Nadie pronostica una recuperación y Perú no puede seguir insistiendo en una economía que genera una vulnerabilidad enorme. El mayor desafío, más que convertirse en una potencia minera, es diversificar la matriz productiva con actividades más amigables con el ambiente y más intensivas en la generación de empleo".
[Nazareth Balbas]