Diversos gobiernos en Latinoamérica se enfrentan en la actualidad con un recrudecimiento de los conflictos mineros a raíz de un crecimiento espectacular de la industria. Sin una acertada gestión de la comunicación gubernamental, es posible que los conflictos devengan en graves crisis sociales que puedan incluso afectar la legitimidad y estabilidad de estos gobiernos.
En los últimos años, América Latina ha sabido enfrentar la dura crisis económica y financiera que ha azotado a gran parte del mundo, y ha mantenido un ritmo de crecimiento espectacular, lo cual la ha puesto en el escaparate internacional de importantes empresas extranjeras atraídas por las perspectivas de éxito de la región. Sin embargo, contra la creencia exitista de que bienestar económico es igual a paz social, el crecimiento económico viene acompañado muchas veces de una escalada de la conflictividad social y el recrudecimiento de enfrentamientos que en muchos casos datan de siglos, como es el caso de los conflictos mineros en muchos países latinoamericanos. Según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), actualmente se registran 156 conflictos, en los cuales se encuentran afectadas más de 200 comunidades de la región. El incremento se ve marcado por un considerable aumento de la actividad en los últimos años en países tradicionalmente mineros como Chile, Perú o Bolivia, en auge como Colombia, Argentina o México, o bien con un decidido impulso gubernamental como es el caso de Ecuador.