Minería en Perú: entre la protesta social y aporte al crecimiento

En blanco y negro. Para el Perú esta actividad cobró interés desde que el precio de los metales se disparó. El boom minero no solo trajo sobreganancias para las empresas y canon minero a las regiones. También el estallido de conflictos sociales: comunidades resistidas a la actividad por miedo a la contaminación.

Hombres trabajando. Cerca de 650 mil personas son empleadas por la minería en el país.

Jorge Malpartida Tabuchi
Arequipa

El Perú depende de la minería. Los impuestos que genera esta actividad se constituyen en la tercera parte del presupuesto público. También es la mitad de los recursos que disponen los gobiernos regionales para ejecutar obra pública (canon).

Desde 2005 a 2010, el Estado recaudó por Impuesto a la Renta (IR) y regalías mineras, en total, US$ 11 mil millones 359 mil. Con este dinero debieron  financiarse carreteras, centros de salud y colegios. Sin embargo el gasto no fue el óptimo.

A pesar de ese aporte hay una fuerte oposición a la minería que se tradujo en violentas movilizaciones. Hubo rechazo a los proyectos  Tía María, Toquepala y recientemente Conga.

Los principales reparos son la contaminación ambiental y el peligro que estas actividades extractivas agoten los recursos hídricos, perjudicando a la agricultura. Entre activos y latentes, existen 229 conflictos sociales en el Perú. Según el último informe de la  Defensoría del Pueblo,  los más frecuentes son los de tipo medioambiental. Entre marzo de 2011 y marzo de 2012 se han incrementado de 93 casos a 117.

Para dialogar sobre las lecciones que dejaron las protestas en Cajamarca en contra de la minera Yanacocha y para dar una mirada sobre la nueva minería que se debe desarrollar en el país, el sábado se realizó una mesa redonda en el diario La República con la participación de la ex directora general de Minería del Ministerio de Energía y Minas, Marita Chappuis; el representante de la mesa de trabajo de Toquepala (Tacna), Fermín Gárnica; el director de Desco Sur, Rodolfo Marquina e integrante de la Red de Líderes Sociales, Humberto Olaechea.

La reunión fue transmitida en vivo por Radio Yaraví y organizada por el Colectivo Macro Sur, integrado por Desco Sur, El Taller, Labor Amakella, Ceder, Radio Yaraví, Arequipa Te Queremos y Diario La República.

 PERCEPCIÓN CIUDADANA

Para el ingeniero Gárnica, en Tacna, la mayoría es conciente del aporte de la minería al desarrollo regional y no está en contra de ella. “Pero se quiere una nueva minería. Por ejemplo, para la ampliación de la mina Toquepala no se pueden utilizar las aguas como hace 50 años. Se requieren buenas prácticas como desalinizar el mar”, dijo. Aunque Southern, en este proyecto, ha anunciado que utilizará agua de los relaves de la primera etapa.

Según Gárnica,  la minería en Tacna utiliza 50 millones de metros cúbicos anuales de recurso. Y en la región sureña, hay  un déficit hídrico de 8.6 metros cúbicos por segundo. Bajo esas condiciones debe reordenarse el uso hídrico con mayor responsabilidad ambiental de las empresas.

Por otro lado, Rodolfo Marquina indicó que gran parte de los peruanos no sienten los beneficios de los recursos generados por el canon minero. Existe una mala administración de parte de los gobiernos locales que no priorizan las necesidades básicas. Pero no solo hay responsabilidad en las regiones. También citó las trabas que se ponen desde el Ministerio de Economía y Finanzas. "Las restricciones impiden que el canon se muestre como un aporte efectivo en las mejoras en Salud y Educación. Hay muy buenos locales pero sin profesores ni alumnos porque se impide usar este dinero para gasto corriente”, dijo.

En el último quinquenio, el Gobierno Regional de Arequipa invirtió más de 100 millones de soles en construir e implementar laboratorios, centros de informática, bibliotecas, etc. Sin embargo, este esfuerzo no ha rendido frutos. Antes que gastar en cemento, el dinero del canon debería utilizarse en capacitar a los docentes para que den una enseñanza de calidad.

MÁS TRANSPARENCIA

Marita Chappuis indicó que es necesaria más transparencia de parte de las las autoridades en el uso de los recursos públicos para elevar los niveles de confianza de los ciudadanos. “No hay una rendición de cuentas claras.Los alcaldes deben reunirse con los pobladores y deben mostrarles cifras, que les digan a la gente qué se hace con el dinero del canon. No es cosa de poner la información en la página web nada más”.

Además, según Gárnica, con este dinero producto de los impuestos a las operaciones mineras,  se hacen en las regiones proyectos innecesarios y el gasto atomiza en pequeñas obras antes que en grandes que beneficien a todos. “En el caso de proyecto hídricos hay que priorizar represas. Los pequeños canales de regadío pueden gestionarse por las mismas juntas de regantes”, dijo.

Marquina resaltó el hecho de que cuando una autoridad incumple con rendir cuentas o hacer un efectivo gasto de los recursos, no hay penalidades. “Es el caso de la Universidad Nacional de San Agustín, en donde los recursos (regalías y canon), asignados para que se hagan investigaciones, están ahí sin gastarse”.

NUEVA MINERÍA

En el debate, también se puso en el candelero la fiabilidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Estos son instrumentos para disminuir los daños que pudiese generar la actividad extractiva. Sin embargo,  la opinión pública  reclama mayor transparencia en  los  EIA. ¿Es coherente que  sean pagados por las mismas empresas ? ¿O que sean aprobados por el Ministerio de Energía y Minas, ente que promueve la inversión minera?

 Según Chappuis, los EIA los coordina Energía y Minas y remite una copia a la Autoridad Nacional del Agua (ANA)y Ministerio de Agricultura; y luego estas entidades envían sus observaciones. “Deberían organizarse talleres en donde participen y presidan la mesa de trabajo gente del ANA o el ministerio de Agricultura y de Energía y Minas.  Así habría una certificación colegiada de los tres entes para atender los reclamos”, propuso.

Otra modificación que debe hacerse para evitar las revueltas sociales, es que la empresa minera comparta la visión de desarrollo de las comunidades de la zona en donde se desarrollarán las operaciones, indica Olaechea. Ayuden a impulsar actividades productivas como la agricultura, ganadería. Citó el caso de Cerro Verde que financió la construcción de la planta de la Tomilla II y ahora ejecuta  la planta de aguas residuales y obras viales.

Disputas por el canon y protestas ideológicas detrás de conflictos

La inequidad con que se distribuye el canon minero en el país, explicó Marquina, es otra razón de conflictividad. El distrito arequipeño de Yarabamba (con poco más de 1000 habitantes) recibió en el 2011 más de 21 millones de soles por canon. Esa cifra supera largamente los 306 mil soles que recibió la región Madre de Dios por el mismo impuesto entre 2005 y 2011, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

 “Estas diferencias generan conflictos entre las propias poblaciones y el canon, en vez de convertirse en un factor de compensación, ahora es un factor de desunión y desintegración en el país”, opinó Marquina.

Olaechea dijo que es importante que se transfieran mayores competencias a los gobiernos regionales para que los recursos no se gasten solo e infraestructura sino en proyectos productivos  de desarrollo social sostenible.

En este clima de incertidumbre, con un Estado poco transparente que no utiliza bien los recursos, los líderes sociales se cuelgan del medio ambiental para oponerse ideológicamente a la minería, como parte de una protesta que rechaza un modelo económico y político.

Según advirtió Olaechea, muchas veces se valen de la mentira para sustentar estos cuestionamientos y así, lo político se superpone a lo técnico.

“Hay que enfrentar los conflictos que genera la actividad minera diciendo la verdad, reclamando a la universidad su presencia en la comunidad. Por otro lado, los colegios profesionales no se pronuncian cuando hay estos problemas. Ellos deberían ser la voz que orienta, guía y corrige estas percepciones erróneas de la población”, reclamó.

Fuente: La República